jueves, 19 de febrero de 2009

Educación para la Ciudadanía: la justicia mira para otro lado

La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía me parece muy preocupante. Consta de tres partes, a cual más grave, que analizaré brevemente:

En la primera parte, se examina si la ley que establece la asignatura es acorde a la Constitución, y se dice que sí. Lo que me parece grave en esta parte es que se asuma como exigible a todos una "ética democrática", basada en el pluralismo como valor supremo. Según la sentencia, no tendríamos derecho a estar en desacuerdo con eso. Yo, en particular, asumo la democracia como sistema de gobierno y convivencia, pero estoy lejos de considerar que exista una ética democrática en el sentido que dice la sentencia. Un sistema democrático puede ser tan antiético, tan inmoral, como cualquier otro, y eso lo estamos viendo con el holocausto del aborto, que elimina al año más de cien mil seres humanos en nuestro país, en una masacre continuada sin precedentes.

En la segunda parte se examina si existe un derecho a la objeción de conciencia generalmente reconocido en el sistema jurídico español. Y en una decisión que me parece terrible, se decide que no: "La jurisprudencia constitucional española, en suma, no ofrece base para afirmar la existencia de un derecho a la objeción de conciencia con alcance general". Entiendo que lo que diferencia un estado de derecho que pone a la persona en el centro del ordenamiento jurídico, de un estado totalitario, que pone al estado por encima de la persona, es precisamente el respeto a la conciencia individual. Eso implica la permisión de que un ciudadano pueda abstenerse de cumplir con una obligación legal cuando ésta contradiga su conciencia.

Al negar el derecho general a la objeción de conciencia, el TS contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para ello, se acude a un subterfugio: alegar que el reconocimiento de la objeción de conciencia como parte de un derecho fundamental por parte del Constitucional se aplicaba sólo a "supuestos límite", como el de la objeción del médico al aborto. La sentencia del Supremo dice:

"Es indiscutible que la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, relativa a la despenalización del aborto en ciertas circunstancias, afirma que el personal sanitario puede oponer razones de conciencia para abstenerse de participar en invenciones dirigidas a la interrupción del embarazo. Pero a partir de aquí sería muy difícil extraer un principio general, ya que el aborto constituye innegablemente un supuesto límite".

Pero con esta afirmación, el Supremo está ignorando la propia Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, que establece claramente:

"Cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales".

No se habla aquí de "supuestos límite", sino de un derecho general. El "supuesto límite" es un concepto que abre la puerta al enjuiciamiento estatal sobre las conciencias individuales. El Supremo se atribuye la facultad de discernir sobre la bondad o maldad de la conciencia individual, disfrazando el juicio bajo las categorías de "supuesto límite"-"supuesto no límite". No empuñar el arma en el servicio limitar sería un "supuesto límite" para el que cabría invocar la objeción de conciencia, aplicando las ideas de esta sentencia. En cambio, no llevar a tus hijos a que reciban una asignatura que enseña ideas que estimas contrarias a la moral que reconoces, sería un "supuesto NO-límite". Eso evidentemente, no es más que un subterfugio para consagrar el intervencionismo estatal en la conciencia moral de las personas. Es gravísimo, y contrario al ordenamiento jurídico reconocido en la Sentencia 85/1985 del Constitucional. Espero que quien pueda hacerlo, presente recurso contra esta sentencia al Tribunal Constitucional, porque supone eliminar la objeción de conciencia y abonarnos al totalitarismo.

En tercer lugar, una vez defendida la legalidad de EpC y negado el derecho general a la objeción de conciencia, sólo quedaba aplicar el juicio al entorno educativo. El TS niega el derecho a objetar en una materia educativa como ésta, decidiendo por los padres qué es lo que puede ser acorde con su conciencia y qué no. Cabría la opción coherente de la desobediencia civil, pero en este caso, teniendo en cuenta que son los propios hijos los que deberían negarse a entrar en clase desobedeciendo a los profesores, tal opción se encuentra muy dificultada.

Finalmente -y aquí voy a intentar entrar al meollo del asunto-, la sentencia viene a establecer que la asignatura no es ilegal en sí, sino que pueden ser contenidos y textos que trasmitan ideas discutidas y discutibles los que estén cargados de ideología inaceptable. Es decir, que sí sería aceptable trasmitir una "ética" confeccionada solamente a partir de aquellas exigencias morales que no están en discusión, como por ejemplo, el hecho de que no se debe matar a una persona que ya ha nacido. Así, se confecciona una ética que deja fuera las cuestiones discutidas, y se establece que quien la cumpla es un buen ciudadano. Las demás exigencias -como el respeto a la vida también entre la concepción y el nacimiento- pasarían a formar parte de una supuesta "moral particular". Pues bien; esa propia concepción a la que se abona el TS, que se llama Ética de Mínimos y es defendida por algún filósofo como Adela Cortina, es en sí una opción discutida y discutible. Y según mi opinión, es ésa una ética totalmente falsa y muy peligrosa, que pone el listón de la "bondad ciudadana" terriblemente bajo. La Ética de Mínimos sustituye la razón y la discusión -en busca de la verdad moral objetiva- por el consenso de opiniones que son consideradas de partida todas como igualmente válidas. Aunque yo no quiero que se adoctrine a mis hijos con valores morales erróneos (antivalores como la homosexualidad), menos aún quiero que se les eduque en una moral permisiva que asume que "sólo está mal lo que es socialmente rechazado", elevando la costumbre a rango de norma moral, y eliminando la verdadera Ética, que cumple el papel de Pepito Grillo en la sociedad, como discusión crítica y juicio racional ejercido constantemente sobre las costumbres.

Aunque podría extenderme más sobre la miríada de cuestiones que se citan en la Sentencia del Supremo como verdades indiscutibles, dentro de un supuesto "ethos democrático", y que yo, asumiendo plenamente la democracia, no comparto, en definitiva quiero decir que la Sentencia del Supremo sobre EpC consagra una deriva totalitaria de nuestra democracia, y constituye una lectura sesgada y destructiva de los principios reconocidos en la Constitución Española. Va mucho más allá del problema de EpC, y espero que quienes tienen influencia en el mundo judicial y político sean capaces de hacerle frente con todos los medios que el estado de derecho pone a su alcance. Yo carezco de esos medios, y poco puedo hacer aparte de opinar y acudir a donde pueda para clamar por mis derechos como padre y por los de todos los ciudadanos, para que podemos actuar de acuerdo con los valores objetivos que nuestra conciencia moral reconoce.

Y, desde luego, ya en lo concreto, me parece claro que la Sentencia del Tribunal Supremo está completamente ideologizada, ya que se abona -quizá inconscientemente- a una teoría ética discutida y discutible, como es la Ética de Mínimos, que la agenda progresista trata de imponernos como sistema moral universal. Los jueces no son filósofos, y desgraciadamente no han sido lo suficientemente realistas como para darse cuenta de su impericia en el campo de la ética, hoy tan cuajado de tendencias diversas, novedosas y pintorescas. En consecuencia, han dictado una sentencia asumiendo como universal una teoría ética realmente burda y acrítica, en una actitud más propia de la barra de un bar o de una tertulia de la tele que del rigor que se le suponía a un alto tribunal.
Los de Nüremberg ya no son unos jueces malvados, que condenan a sabiendas a los inocentes para contemporizar con el poder; el grupo de Nüremberg actual está constituido por un puñado de tontos útiles, con la conciencia reblandecida por tanto sofisma, incapaces de darse cuenta del alcance de sus actos. Pobres... no saben lo que han hecho.

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